El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceura, Juan Jesús Vivas, ha explicado que no puede revelar el contenido de su declaración ni la documentación aportada a la jueza por respeto a las diligencias judiciales en curso. No obstante, a continuación, ha salido el abogado de Iustitia Europea que lo ha contado como le ha parecido.

Lo que sí ha confirmado que ha trasladado toda la información de la que disponía la Ciudad Autónoma sobre lo ocurrido antes, durante y después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Ha salido “muy satisfecho” de su comparecencia al percibir, tanto en la jueza como en la Fiscalía, una clara voluntad de esclarecer los hechos. A su juicio, conocer la verdad es fundamental no solo para Ceuta, sino para toda España, ya que considera que lo sucedido constituye “el asunto más grave desde el punto de vista de la seguridad nacional en los últimos 50 años”.

El presidente ha insistido en que su relato ante la magistrada ha sido el mismo que la Ciudad ha mantenido públicamente desde el primer día, destacando la transparencia con la que, según ha señalado, se ha actuado durante toda la crisis.

Respecto a los contactos con el Gobierno de la Nación en los días previos a la entrada masiva, Vivas ha afirmado que entre el 27 y el 29 de julio se realizaron alrededor de diez intentos de comunicación con la Presidencia del Gobierno mediante llamadas y mensajes. Según ha explicado, únicamente obtuvieron tres respuestas, todas ellas a través del director de Gabinete del presidente del Gobierno. En las dos primeras se les indicó que el asunto estaba siendo analizado y, en la última, se les comunicó que el canal de interlocución debía ser la Delegación del Gobierno.

Asimismo, ha señalado que las principales peticiones de la Ciudad en aquellos días fueron la declaración de la emergencia nacional, el establecimiento de un mando único y un refuerzo significativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según ha destacado, ninguna de estas medidas se adoptó en los términos solicitados.

El presidente también ha recordado que, antes de la entrada masiva, la Ciudad ya venía detectando un fuerte incremento de la presión migratoria, con unas 1.500 llegadas en diez días y un aumento de los menores acogidos de 180 a 800, circunstancias que, a su juicio, justificaban la adopción de medidas preventivas.

Por último, ha indicado que la Ciudad no disponía de información que permitiera prever una entrada de la magnitud de la ocurrida, aunque posteriormente tuvo conocimiento, a través de informaciones publicadas en los medios de comunicación, de informes que apuntaban a que los días previos formaban parte de una primera fase del proceso que desembocó en la entrada masiva.