El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y ha dejado firme la obligación del sindicato de devolver a la Junta de Andalucía 18,3 millones de euros (13,1 millones de principal y 5,2 millones de intereses de demora). La cantidad corresponde a una subvención concedida a principios de los años 2000 para cursos de formación profesional ocupacional.

La Junta de Andalucía revisó en su día la justificación de esos fondos y detectó numerosas irregularidades, por lo que en 2015 ordenó el reintegro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó en 2023 casi la totalidad de esa resolución. UGT-A recurrió al Supremo centrando su argumentación en los pluses salariales que abonaba a los formadores por encima de lo fijado en el convenio colectivo y que había cargado a la subvención.

En su sentencia del 5 de octubre, el alto tribunal considera que el plus de retribución abonado voluntariamente por encima de lo previsto en el convenio no puede considerarse un gasto que responda de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada ni un gasto estrictamente necesario para su realización. Una subvención de este tipo solo puede cubrir los salarios mínimos legales o de convenio. Cualquier mejora salarial, como el “plus de actividad” que aplicaba UGT-A, debe sufragarse con fondos propios de la entidad y no con dinero público, aunque esa retribución no supere el valor de mercado.

El Supremo hace suya la conclusión del tribunal andaluz de que todo empresario privado es libre de mejorar el salario según el convenio colectivo aplicable, pero debe hacerlo con cargo a sus fondos privados y no a los fondos públicos de una subvención. Tales mejoras no son elegibles conforme a la Ley General de Subvenciones. La sentencia crea jurisprudencia y será de aplicación a cualquier entidad que reciba subvenciones para formación.

El tribunal recuerda además que se pretende evitar un fraude en el uso de los fondos subvencionables que pudiera permitir que terceros se enriquecieran sin posibilidad de control. Con carácter general, debe exigirse al beneficiario de una subvención una conducta respetuosa con las obligaciones anejas a la ayuda y con la finalidad que le es propia.

Desde la Junta de Andalucía, la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que el sindicato “tendrá que buscar la forma de pagar” los más de 18 millones que debe. “El Gobierno andaluz respeta, como no puede ser de otra manera, las sentencias judiciales, y la propia UGT ha reconocido que tiene que pagar. Esta condena corresponde a una etapa anterior, a una etapa negra, por desgracia, para Andalucía”.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se ha referido también al asunto en sede parlamentaria: “Su manera de entender el diálogo social es la sentencia que ha tenido que recibir UGT por la manera en que ustedes entendían el diálogo social. 18 millones de euros que tiene que devolver”.