Las protestas en Irán han escalado en su duodécima jornada, con un saldo de al menos 45 muertos —incluidos ocho niños— y alrededor de 2.000 detenidos, según organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (IHRNGO) y HRANA. Las manifestaciones, que se han extendido a más de 110 ciudades, comenzaron el 28 de diciembre por la grave crisis económica —con una inflación superior al 42% y el rial en mínimos históricos— pero han adquirido rápidamente un tono político antigubernamental.
En el norte de Teherán, la atmósfera era tensa este jueves por la tarde: comercios y cafés cerrados, escasos transeúntes y una fuerte presencia de policía motorizada, antidisturbios y milicianos basijis. Vecinos confirmaron que muchos establecimientos bajaron la persiana por orden o de forma preventiva para evitar incidentes.
Con las calles vacías, las protestas se trasladaron a las ventanas y azoteas, desde donde se corearon consignas como “Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” o “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”. Estos cánticos respondieron en parte al llamamiento del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlaví, quien instó a manifestarse el 8 y 9 de enero a partir de las 20.00 horas, ya sea en la calle o desde los hogares.
Las autoridades iraníes respondieron restringiendo el acceso a internet a nivel nacional, según confirmó la plataforma NetBlocks, en un intento por dificultar la coordinación de las protestas y la difusión de imágenes de la represión. Las VPN habituales dejaron de funcionar, aislando aún más al país.
El presidente reformista Masud Pezeshkian pidió diferenciar entre manifestantes legítimos por motivos económicos y “alborotadores”, mientras que el líder supremo, Alí Jameneí, ha calificado las movilizaciones de influencia extranjera.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró sus amenazas: si las fuerzas de seguridad “empiezan a matar gente”, Irán enfrentará “un golpe muy duro” y “el infierno”. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos analistas como un factor que envalentona a los manifestantes, aunque las autoridades iraníes las ven como injerencia.
Las movilizaciones representan el mayor desafío al régimen desde las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, en un contexto de sanciones internacionales, secuelas del conflicto con Israel y profundo descontento social.