Medio Ambiente

La Comunidad de Madrid inspecciona 1.900 construcciones irregulares en suelo protegido para restablecer la legalidad

Madrid inspecciona 1.900 construcciones irregulares en suelo protegido
Madrid inspecciona 1.900 construcciones irregulares en suelo protegido
  • El Gobierno regional ha identificado más de 5.300 hectáreas afectadas, de las que cerca del 80% se concentra en las vegas de los ríos

 

La Comunidad de Madrid ha inspeccionado los últimos cuatro años 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido para restablecer la legalidad urbanística. Así se recoge en un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que incluye el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024.

En este documento se destacan las 5.334,3 hectáreas afectadas por este tipo de asentamientos en 56 municipios. De ellas, cerca del 80% se concentra en las vegas de los principales ríos madrileños, la mayor parte en las zonas del río Tajuña (2.712,5 hectáreas), seguido por el Jarama (1.019,5), Guadarrama (363,2) y Tajo (150,2).

Por ello, y ante el riesgo que supone tanto para las personas como para el medio ambiente, el Ejecutivo madrileño ha definido la intervención en este tipo de edificaciones entre los objetivos del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística para 2025-2029, recientemente aprobado. Éste se estructura en distintas etapas anuales con actuaciones específicas, como estudios comparativos mediante fotografía aérea; diagnósticos sobre núcleos ilegales; tramitación de expedientes disciplinarios y sancionadores, y acciones formativas dirigidas a profesionales y ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible, garantizando una actuación eficaz, coordinada y transparente frente a las infracciones que afectan al suelo.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico prestará apoyo técnico y jurídico a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 5.000 habitantes. Estas acciones se llevarán a cabo mediante la elaboración de informes y la colaboración en la ejecución de sentencias penales. 

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