• La asociación mantiene su seguimiento sobre las condiciones de servicio, la seguridad del personal y la falta de transparencia en los incentivos a quienes continúan apoyando las labores de seguridad en la ciudad autónoma

Aunque la situación de Ceuta ya no ocupa diariamente los titulares informativos, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) continúa siguiendo de cerca la realidad de los militares que permanecen desplegados en la ciudad autónoma, donde persisten los riesgos para la seguridad del personal y numerosas incertidumbres sobre las compensaciones económicas anunciadas por el Ministerio de Defensa.

La noche del pasado 31 de octubre volvió a poner de manifiesto que la tensión no ha desaparecido. En la barriada del Sarchal se produjo una nueva agresión contra una patrulla militar desplegada en la zona de la rotonda, cuyos integrantes fueron objeto del lanzamiento de piedras mientras realizaban su servicio. Un incidente que demuestra que, pese al descenso de la atención mediática, los militares siguen expuestos a situaciones de riesgo.

ATME recuerda que actualmente ya no cuentan con el apoyo de unidades desplazadas desde otros puntos del territorio nacional, si bien se mantienen las patrullas militares, aunque de manera progresiva se han ido eliminando los puestos estáticos establecidos durante las fases más intensas de la crisis. A ello se suman jornadas de servicio especialmente exigentes, que en la mayoría de los casos alcanzan las 24 horas a los que hay que sumar los propios de sus unidades, mientras que los periodos de descanso entre patrullas continúan dependiendo de las necesidades y disponibilidad de cada unidad.

A las preocupaciones relacionadas con la carga de trabajo y la seguridad se añade la persistente incertidumbre sobre los incentivos económicos anunciados para el personal participante en estas operaciones. Hace meses, ATME se dirigió al Ministerio de Defensa para conocer si estaba previsto retribuir de manera extraordinaria a los militares que habían apoyado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuáles serían los criterios de asignación, cómo se garantizaría la transparencia del proceso y qué sistema de control se aplicaría para evitar situaciones similares a las ocurridas con los incentivos vinculados a la DANA, que provocaron reclamaciones y descuentos en nómina incluso meses después de finalizados los servicios.

Sin embargo, la respuesta ministerial se limitó a informar de que se había realizado una estimación económica de las necesidades derivadas de la operación, aprobada mediante un suplemento de crédito, y que la compensación se estructuraría en función de los datos de personal participante y de la duración de la operación comunicados por las unidades y refrendados por el Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Lejos de despejar las dudas, meses después continúan existiendo interrogantes sobre los criterios de reparto y los mecanismos de control aplicados. Incluso han llegado a ATME informaciones sobre posibles abonos realizados por error a personal que no participó en el operativo, al que posteriormente se le habría indicado que realizara transferencias directas a los supuestos beneficiarios, una circunstancia que podría generar problemas fiscales, especialmente cuando se trata de cantidades relevantes.

Por todo ello, ATME seguirá reclamando información clara y transparente sobre estas compensaciones y continuará vigilando las condiciones en las que prestan servicio los militares desplegados en Ceuta, porque, aunque el foco informativo se haya desplazado hacia otros asuntos de actualidad, quienes continúan desarrollando esta misión merecen el mismo reconocimiento y protección que el primer día.